Para finales de octubre de este año, el número de extorsiones denunciadas en casi todos los departamentos había superado los casos reportados en todo el 2018, según cifras del Ministerio Público (MP).
Todo el año pasado hubo 9,939 casos. Entre enero y octubre de este año hubo 13,203. La cifra subió 32% y el 2019 aún no termina. Siete de cada 10 de estos casos se originan de llamadas que realizan los extorsionistas desde la cárcel, según David Boteo, jefe de Dipanda, la unidad antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), informa Prensa Libre de Guatemala.
“Las extorsiones desde las cárceles comenzaron alrededor del 2012, pero cobraron auge en el 2014”, afirma Boteo. Desde entonces, los celulares tienen alta demanda para los extorsionistas tras las rejas: son el boleto para cobrar y recibir miles de quetzales de sus víctimas. Apenas en el 2013 había cobrado vigencia la Ley de Equipos Terminales Móviles (LETM), o decreto 8-2013 que —entre otras disposiciones— prohíbe el uso de celulares en las cárceles.
El jefe policial revela que los guardias penitenciarios ingresan los celulares a la cárcel para los reos a cambio de dinero o porque los reos los amenazan de muerte. No es difícil cuando la proporción, en promedio, es de un guardia por cada 10 internos. La sobrepoblación carcelaria supera el 400% (25 mil 296 reos donde solo debería haber seis mil). Por ejemplo, en la Granja de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, la capacidad es para 625 reos y hay dos mil 263. También es la cárcel de donde se generan más llamadas de extorsión, particularmente hacia el occidente del país y el departamento de Guatemala, según el MP.
