Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contemplan que, en caso de que hubiera una segunda vuelta, el nombre del nuevo presidente de la República se sabrá en agosto (18), luego de que se conozcan los resultados.
La Constitución Política de la República de Guatemala y la LEPP ordenan que el nuevo mandatario debe tomar posesión del cargo cada 14 de enero. Esta situación ocasionará, por primera vez, que entre ambas fechas se dé un lapso de cinco meses en que habrá un presidente electo y uno en funciones, informa Prensa Libre.
Sin embargo, analistas políticos prevén que este lapso, que por primera vez vivirá el país, será caótico, debido a la judicialización que actualmente se ha dado sobre el proceso electoral, el cual comenzará después de la primera vuelta —16 de junio—, cuando se elijan, además de presidente y vicepresidente, corporaciones municipales y diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
El abogado Omar Barrios Osorio, del Centro de Estudios de Derecho (Cede), considera que este espacio de seis meses, “definitivamente” se prestará para la conflictividad electoral, porque muchos candidatos al Congreso, pero sobre todo a las alcaldías, no estarán de acuerdo con los resultados y presentarán una serie de recursos en los diversos tribunales.
Según Barrios Osorio, esta conflictividad será mucho más fuerte porque “tenemos un gobierno débil, que no tiene control de la estructura funcional del Estado, y porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las cortes han provocado mucha inestabilidad legal e incertidumbre”.
No obstante, Barrios Osorio considera que lo peor será el actuar de muchos ciudadanos, debido a que no están bien informados o consumen información de medios digitales “de garaje” que han parcializado la opinión pública.
“Estos elementos podrían provocar conflictividad, en especial en el caso de las corporaciones municipales, que es la elección más peligrosa —340 municipalidades—. Grupos pequeños podrían generar caos y el TSE y el Gobierno no tienen la capacidad para detener esas circunstancias”, explica el abogado.
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El director del Cede considera que los candidatos a diputados que pierdan enfocarán sus baterías en usar todos los recursos administrativos y judiciales como la nulidad y la acción de amparo, porque ellos no tienen “capacidad para mover a la población. La gente no va a hacer protestas por ellos”, indica.
En ese mismo lapso los candidatos presidenciales perdedores podrían valerse de los grupos de poder que tienen injerencia, como algunos medios de comunicación, la Iglesia y el sector económico, para presionar a los ganadores y ganar un espacio para que se les conceda algún tipo de beneficio en la organización del futuro gobierno, afirma Barrios Osorio.
